Titulares de última hora

Defensoría del Pueblo: Remoción urgente

9 mayo, 2016
Defensoría del Pueblo: Remoción urgente
Editorial
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El Congreso de la República, a través del acuerdo de la Junta de Portavoces, dejó todo listo para que el próximo 18 de mayo se realice una sesión especial del Pleno con el objetivo de nombrar al nuevo titular de la Defensoría del Pueblo. Puestas así las cosas, habiéndose esforzado el actual Defensor encargado, Eduardo Vega, por hacer las cosas más llevaderas en dicha institución durante varios años de negligencia congresal que obvió reemplazarlo, hoy se dan las condiciones para realizar una remoción urgente y eficaz en los más importantes cargos comenzando, precisamente, por su titular.

De manera que con gratitud y sinceridad se debería reconocer lo realizado por el actual Defensor, sin embargo la estancia en un cargo por varios años genera fricciones y contradicciones en el seno de cualquier entidad pública. Una misma persona, por más asertiva que sea, instalada en un mismo puesto por mucho tiempo al final resulta obstaculizando la marcha normal de una entidad que debería ser ejemplo de transparencia. Por eso el cambio y la innovación son en el mundo actual poderosas herramientas de bienestar y superación.

En consecuencia, le conviene al Congreso y al país mirar a un nuevo postulante o nuevos aspirantes al sillón principal de la Defensoría del Pueblo. Y así, por más respetable que sea el doctor Eduardo Vega, su permanencia en el cargo no es lo más conveniente ad portas de un nuevo gobierno y de cara a un nuevo Parlamento, habiendo cambiado el escenario y las condiciones vividas por ejemplo el año pasado donde todavía el defensor encargado podría haber tentado con más fuerza su designación oficial. Por tanto, el Congreso tendría que elegir entre el doctor Gastón Soto Vallenas o quien se postule en las próximas horas para el cargo. Eso sería lo más sensato y transparente.

En efecto, más le vale a este Congreso presidido por Luis Iberico, hombre de confianza del señor César Acuña y prominente dirigente de Alianza para el Progreso (APP), que sea también transparente en esta hora de la designación del Defensor del Pueblo, ya que existe la posibilidad de una cuestionable influencia y de presiones de la señora Beatriz Merino, presidenta ejecutiva de la Universidad César Vallejo, a fin de que se prefiera al doctor Eduardo Vega. Es necesario entonces despejar esas dudas pues el país merece un Defensor del Pueblo absolutamente desvinculado de cualquier interés particular o partidario.

Además, se debe esclarecer del todo un hecho como el que señalaría que el hoy asesor presidencial en asuntos de seguridad ciudadana, Wilfredo Pedraza, quien fue director del Programa de Asuntos Penales de la Defensoría del Pueblo cuando Beatriz Merino era la titular de la Defensoría, habría llevado por entonces a su amigo Luis Francia Sánchez a dicha institución, logrando obtener un puesto sin el respectivo concurso público.

Lo preocupante de esto es que el funcionario Francia Sánchez no aparece registrado en el Colegio de Abogados de Lima, y por lo tanto no tiene número de colegiatura ni tampoco figura en la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu). Con este tipo de irregularidades y problemas internos en la Defensoría del Pueblo, sería mejor una remoción urgente de su titular encargado.

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