El Ministerio Público insistirá con el pedido de prisión preventiva por 18 meses contra el exmandatario Martín Vizcarra, luego de que el Poder Judicial rechazara esta medida durante la noche de este jueves.
La jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente del Sistema Especializado, impuso al expresidente comparecencia con restricciones y un pago de S/ 100.000 como caución económica.
El fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial del caso Lava Jato, anunció que sustentará la apelación a la decisión. De acuerdo a ley, puede presentar el recurso contra la resolución judicial en un periodo máximo de tres días hábiles.
“No encontrándome conforme con lo resuelto por su judicatura, interpongo recurso de apelación y me reservo el derecho de fundamentar en el plazo previsto”, sostuvo el representante del Ministerio Público en la audiencia virtual.
Por su parte, Fernando Ugaz, abogado de Martín Vizcarra, declaró estar “conforme” con las medidas dispuestas por la magistrada. En declaraciones a la prensa junto a su patrocinado, aseguró que respetará y cumplirá estrictamente la decisión.
Martín Vizcarra
El fiscal Germán Juárez Atoche indicó que Martín Vizcarra podría tener una condena de 34 años de cárcel efectiva.
Jueza resaltó deficiencias en alegatos fiscales
La magistrada resaltó que Juárez Atoche no presentó elementos de convicción suficientemente contundentes para concluir en sospecha grave de los presuntos delitos por parte de Vizcarra Cornejo. Ante esto, ordenó que el expresidente afronte la investigación en su contra bajo comparecencia con restricciones.
De acuerdo a los argumentos de la jueza Álvarez Camacho, el fiscal no explicó su tesis de que el candidato al Congreso haya conformado la organización criminal del Club de la Construcción, por lo que no se encontró ningún elemento mínimo para respaldar el supuesto delito de asociación ilícita.
Además, sostuvo que Martín Vizcarra no representa peligro de fuga al no haberse comprobado que no cuenta con arraigo familiar, domiciliario y laboral. Además, mencionó que su impedimento de salida del país continúa vigente.
La magistrada acotó que tampoco se concluyó que el exmandatario represente peligro de obstaculización. “No advertimos una alta probabilidad que el investigado rehúya la acción de la justicia”, concluyó.
